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Esta medida supuso una gran disputa entre detectives privados, algunos se mostraban conformes a esta ley y otros férreamente en contra, puesto que suponían que se trata de una censura y restricción a su actividad. Algunos incluso han llegado a decir que esta nueva ley supone el fin de la profesión y un excesivo control de todas las acciones o investigaciones por parte de las administraciones públicas.

Sin embargo, el Colegio de detective de Valencia, la Asociación de Empresas de Detectives y la Agencia Nacional de Detectives Privados de España (Anadpe), tres de las más importantes asociaciones de detectives españoles, han aprobado esta ley porque supone mayores garantías a los ciudadanos que contratan un detective.

Esta nueva norma nació a raíz de la polémica que se desató en 2013 por las actividades de espionaje llevadas a cabo por la agencia Método 3, de hecho esta ley surge a petición de que se establezca un protocolo de actuación para prevenir casos como el de Método 3. De esta forma, se fijan líneas de colaboración entre la policía y los detectives cuando se trate de indagar delitos.

Las asociaciones de detectives señalan que este tipo de colaboración ya existía, pero con esta ley esto se ha institucionalizado. Un punto clave a favor de esta ley es que ha conseguido poner un freno al intrusismo laboral, pero muchos detectives apuntan a que el acceso a mucha información necesaria para desarrollar las investigaciones aun esta fuera de su alcance.

Muchas personas desconocen que los detectives españoles poseen una formación universitaria y profesional muy superior a la existente en la mayor parte del mundo, por lo que esta ley al evitar el intrusismo puede ser un buen aliado para el colectivo.

El control del colectivo puede ser mal visto por los usuarios que contraten un detective privado, pero este miedo está totalmente infundado ya que la confianza y confidencialidad de los clientes queda completamente segura, manteniendo los niveles de sigilo y secreto existentes antes de la llegada de la nueva ley, según apuntó el presidente de Anadpe, Antonio Marín .

Esta ley fue considerada en sus inicios como un punto de partida en el desarrollo de las nuevas relaciones que deberían imperar entre las administraciones judiciales y policiales y los detectives de España. Pero siempre teniendo en cuenta la confidencialidad de los clientes, desde la Asociación Profesional de Detectives se subraya que “la ley debería establecer claramente la confidencialidad de los datos de los clientes, salvo resolución judicial”.

Uno de los puntos que más controversias trajo la Ley de Seguridad Privada fue que esta norma impide a los ciudadanos contratar a un detective privado en casos penales.  Algunos detectives afirmaron que esta norma impediría a los ciudadanos a presentar pruebas necesarias para su defensa cuando no estén de acuerdo con el resultado penal, ya que será la policía la única encargada de realizar las investigaciones.

Por su parte, el vicepresidente de la Anadpe, Agustín Ruiz considera que esta ley ha marcado las líneas de cooperación policial y judicial en beneficio para la sociedad, ya que además garantiza los derechos de los ciudadanos y profesionales de la investigación. Por tanto se trata de un beneficio colectivo tanto para detectives privados, policías, jueces y ciudadanos.

Por lo tanto, la regulación que ha supuesto esta ley supone un aliciente en tiempos de crisis, gracias a los beneficios que aporta a los detectives privados, ya que se trata de una mejora de la eficacia en la prestación  de servicios, frena el intrusismo dentro de la profesión y dota de un respaldo jurídico a los profesionales.